Más de 260 grupos de la sociedad civil a nivel global -entre ellas Sustentarse- pidieron al gobierno de China garantizar que la ayuda financiera relacionada con el COVID-19 a proyectos que forman parte de la iniciativa “Un Cinturón, Un Camino” (UCUC) se destinen sólo a inversiones de alta calidad.

En febrero de 2020, el Ministerio de Comercio (MOFCOM) y el Banco de Desarrollo de China (BDC) anunciaron un mecanismo de Respuesta a la Epidemia de COVID-19 y el Apoyo Financiero de Desarrollo a la Construcción Conjunta de Alta Calidad de la Franja y la Ruta, proporcionando apoyo financiero de desarrollo a los proyectos y las empresas relacionados con la iniciativa y afectados por la pandemia. El Banco Chino de Desarrollo proporcionará apoyos mediante medidas tales como financiamiento de bajo costo, préstamos especiales de capital, períodos razonables de carencia de reembolso, un “canal verde” para el crédito y servicios diversificados de financiación en moneda nacional y extranjera.

El BDC evaluará los proyectos en el extranjero afectados por el brote y entregará ayuda financiera a aquellos que cumplan con criterios como"alta calidad", "legalmente compatibles," y "riesgos controlables".

En una declaración pública firmada el 29 de abril de 2020, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron que las inversiones chinas cumplan con criterios estrictos y específicos, y que se evite reflotar proyectos que de manera previa al brote del COVID-19 ya hayan sido calificados de alto riesgo ambiental y social. En el documento identifica 60 proyectos sensibles de inversión china en el mundo en sectores como minería, pulpa y papel, energía hidroeléctrica, infraestructura y combustibles fósiles, de los cuales 14 corresponden a América Latina. Dichos proyectos no cumplen con criterios de alta calidad de la inversión.

En Chile se identificó el proyecto de Expansión de una Planta de Carbonato de Litio de la compañía minera SQM. En 2018, Tianqi Lithium Corp adquirió el 24% de SQM por 4.000 millones de dólares, la mayor inversión extranjera en el país en ese año.

La declaración presenta una lista de diez principios que debería requerir un proyecto para ser considerado de "alta calidad", que incluyen la realización de evaluaciones de impacto ambiental serías y confiables; la obtención de consentimiento libre, informado y previo de las comunidades afectadas; la no afectación de hábitats clave para la biodiversidad; y la alineación con las las mejores prácticas y estándares internacionales, así como con las políticas financieras verdes de China, entre otros parámetros.

Las organizaciones firmantes exhortan a los actores globales y chinos de desarrollo a considerar que las inversiones de baja calidad y alto riesgo no solo generan impactos negativos, sino también facilitan la propagación de enfermedades como consecuencia de la afectación de ecosistemas prístinos. En un mundo post COVID-19, los actores globales deberán tomar medidas más fuertes y decisivas para estabilizar y revitalizar la economía global de una manera ecológicamente segura, sustentable y orientada a las personas, garantizando que cualquier alivio financiero relacionado con el COVID-19 se asigne a proyectos e inversiones que beneficien a las comunidades locales, estén alineados con estándares internacionales y mejores prácticas, y que preserven los ecosistemas cada vez más frágiles de nuestro mundo.

En Colombia se desarrolló en septiembre de 2019 el primer encuentro de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria extractiva, EITI.

La memoria de este encuentro titulado “Transparencia, Gobernanza y Territorios: Retos para el Sector Extractivo”, fue publicada en abril de 2020, e incluye testimonios de las intervenciones realizadas por representantes de los diferentes países participantes, la mayoría de ellos miembros de EITI.

Sustentarse fue invitado al encuentro para entregar una visión respecto de los desafíos de incorporar a Chile a esta iniciativa internacional de transparencia, habida consideración de que el país depende fuertemente de la industria extractiva, en particular la minería, y que este sector está expuesto particularmente a riesgos de corrupción.

Además de casos de notoriedad pública, como financiamiento ilegal de la política, que han afectado la imagen y credibilidad del sector,  un informe de Chile Transparente (2017) sobre riesgos de corrupción en obtención de licencias, contratos y permisos en ámbitos de concesiones mineras y permisos ambientales, visibilizó problemas asociados a la corrupción en una dimensión más subjetiva, identificando riesgos de conflictos de interés, de abuso del lobby y presiones indebidas en la obtención de licencias ambientales; de abuso de la ley para hacer uso del derecho de superposición con fines especulativos, problemas de puerta giratoria y de beneficiarios finales no declarados.

En su presentación, la directora ejecutiva de Sustentarse, Maia Seeger, señaló que, “La incorporación de Chile a EITI y la adopción de este estándar global para la buena gobernanza del sector petróleo & gas y de recursos minerales resulta indispensable para transparentar las transferencias desde el sector extractivo a arcas fiscales, a través de un sistema independiente y objetivo, mitigar riesgos de corrupción, generar confianzas e incrementar la credibilidad y reputación de la industria”.

El documento, disponible en español e inglés, reúne comentarios y recomendaciones de más de 50 organizaciones de la sociedad civil, formulados en el contexto de la consulta pública del Banco para modernizar su política y mejorar las estándares sociales y ambientales de los proyectos que financia.

Las organizaciones firmantes esperan que las recomendaciones sean tenidas en consideración e incluidas en la nueva Política del BID, y que este banco multilateral de desarrollo aclare procesos relativos a pasos a seguir, por ejemplo, plan de implementación y revisión de las notas guías.

Sustentarse participó activamente en el proceso de consulta pública del BID y entregó, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, comentarios y recomendaciones. Además, Sustentarse se sumó a dos grupos específicos de trabajo, aportando su punto de vista sobre la “Norma de Desempeño Ambiental y Social N°10. Participación de las partes interesadas y divulgación de información” y la gestión de Riesgos de Represalias a Defensorxs de Territorio, que requiere ser fortalecida en consideración de un contexto regional de creciente conflictividad socioambiental.

Sustentarse asistió también a la consulta presencial del BID que se realizó el 10 de marzo de 2020 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

BID aprueba nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID Invest

El 10 de abril pasado el Directorio del BID aprobó la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de su brazo privado, BID-Invest, la que entrará en vigor el 15 de diciembre de 2020.

Sustentarse participó en la consulta pública para esta política, que se desarrolló durante el año 2019, integrando el grupo de trabajo de la sociedad civil que presentó recomendaciones consolidadas de numerosas organizaciones de la región. Además del aporte grupal, Sustentarse elaboró un documento propio, con comentarios y recomendaciones, el que fue destacado en un informe sobre el proceso de consulta publicado por BID Invest en diciembre de 2019.

Ahora que la nueva Política de Sostenibilidad se encuentra aprobada, BID Invest ha programado dos reuniones virtuales de retroalimentación que se efectuarán el 29 de mayo de 2020 para explicar cómo tomó en consideración lo que escuchó durante el proceso de consulta.

BID Invest adelantó que se encuentra elaborando el Manual de Implementación de la Política de Sostenibilidad, y anunció la agenda para el proceso de consulta respectiva.

Ver aquí más información sobre registro en las reuniones virtuales de BID invest y próximos pasos relacionados con el Manual de Implementación.