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En Colombia se desarrolló en septiembre de 2019 el primer encuentro de organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria extractiva, EITI.
La memoria de este encuentro titulado “Transparencia, Gobernanza y Territorios: Retos para el Sector Extractivo”, fue publicada en abril de 2020, e incluye testimonios de las intervenciones realizadas por representantes de los diferentes países participantes, la mayoría de ellos miembros de EITI.
Sustentarse fue invitado al encuentro para entregar una visión respecto de los desafíos de incorporar a Chile a esta iniciativa internacional de transparencia, habida consideración de que el país depende fuertemente de la industria extractiva, en particular la minería, y que este sector está expuesto particularmente a riesgos de corrupción.
Además de casos de notoriedad pública, como financiamiento ilegal de la política, que han afectado la imagen y credibilidad del sector, un informe de Chile Transparente (2017) sobre riesgos de corrupción en obtención de licencias, contratos y permisos en ámbitos de concesiones mineras y permisos ambientales, visibilizó problemas asociados a la corrupción en una dimensión más subjetiva, identificando riesgos de conflictos de interés, de abuso del lobby y presiones indebidas en la obtención de licencias ambientales; de abuso de la ley para hacer uso del derecho de superposición con fines especulativos, problemas de puerta giratoria y de beneficiarios finales no declarados.
En su presentación, la directora ejecutiva de Sustentarse, Maia Seeger, señaló que, “La incorporación de Chile a EITI y la adopción de este estándar global para la buena gobernanza del sector petróleo & gas y de recursos minerales resulta indispensable para transparentar las transferencias desde el sector extractivo a arcas fiscales, a través de un sistema independiente y objetivo, mitigar riesgos de corrupción, generar confianzas e incrementar la credibilidad y reputación de la industria”.
Las organizaciones firmantes esperan que las recomendaciones sean tenidas en consideración e incluidas en la nueva Política del BID, y que este banco multilateral de desarrollo aclare procesos relativos a pasos a seguir, por ejemplo, plan de implementación y revisión de las notas guías.
El 10 de abril pasado el Directorio del BID aprobó la nueva Política de Sostenibilidad Ambiental y Social de su brazo privado, BID-Invest, la que entrará en vigor el 15 de diciembre de 2020.