Por Lukas Standen

Los invitamos a leer el caso documentado en el Atlas de Justicia Ambiental Global sobre la Zona de Sacrificio de Mejillones y el Pueblo Chango, el cual figura en el registro global de esta dinámica plataforma internacional. Representando los numerosos conflictos ambientales que padece nuestro país por el modelo de sobreexplotación y su especial afección al Pueblo Indígena Chango, sus comunidades y patrimonio ancestral.

Como el mayor catastro de los conflictos socioambientales del mundo, ya están presentes las comunidades changas de Mejillones. Narrando sus afecciones, demandas, testimonios y alternativas de desarrollo del pueblo que habita el territorio, del actual norte de Chile hace más de 10.000 años, en un sector conocido en el presente como “la capital de las termoeléctricas de Chile”.

Este registro visibiliza y denuncia a escala global la vulneración de sus derechos y al patrimonio biocultural chango por las empresas del Norte Global, justo además, ante la necesidad de avanzar en la descarbonización y la Transición Energética Justa.

Destacando la cruda realidad que deben enfrentar las comunidades, en un sacrificio histórico de sus territorios y bienes comunes naturales, usurpados por el extractivismo para abastecer las demandas de la minería y las megacorporaciones transnacionales, y la amenaza de proliferación de las industrias y el sacrificio con esta Transición Injusta.

Sigue leyendo en https://ejatlas.org/conflict/zona-de-sacrificio-mejillones-chile

Editado conjuntamente por Latinoamérica Sustentable (LAS) y Sustentarse, examina los impactos socioambientales de las inversiones chinas en la región

6 de mayo de 2024

Los lineamientos “verdes” de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) y los llamados de China a una cooperación de alta calidad no han redundado en iniciativas diferenciadoras que favorezcan un desarrollo sustentable y una transición energética justa en la región. Así se concluye en el libro “A diez años de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Desafíos ambientales y sociales de las inversiones de China en América del Sur”.

El libro, editado conjuntamente por Latinoamérica Sustentable (LAS) y Sustentarse, con la colaboración del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), fue presentado en un webinario que se realizó el jueves 23 de mayo pasado, en que se analizaron las implicaciones de las inversiones y del financiamiento chino en América Latina en el decenio 2013 -2023. Se trata de un trabajo colectivo que recoge la investigación de diversas organizaciones ambientales y autores sobre las características y los principales hitos de la relación de China con nueve países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

El libro aborda temas como el comercio, el financiamiento y las inversiones chinas, con énfasis en el sector energético, y los impactos de los proyectos chinos sobre los ecosistemas y los derechos de las comunidades en la búsqueda de una transición energética más justa. Se analizaron más de 30 proyectos mineros, de energía e infraestructura con participación china.

Webinario de lanzamiento

El lanzamiento de la publicación sobre la IFR tuvo el objetivo de compartir los principales hallazgos para contribuir a ampliar el conocimiento sobre la relación de China con América del Sur, y promover una reflexión sobre sus desafíos ambientales y sociales en el contexto de la crisis ecológica global y la búsqueda de una transición energética justa.

En el webinario, Diana Castro, subdirectora de LAS, señaló que la IFR -a la que adhieren 22 países latinoamericanos y caribeños- es “una continuidad de la expansión china en nuestra región”.  Afirmó que, pese a los cambios en la narrativa de China, al incorporar conceptos como los de una “IFR verde”, la “ecologización” de la iniciativa, y una “civilización ecológica”, los compromisos e intenciones del gobierno chino no se han implementado en los territorios.

A su vez, Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que la relación China-Latinoamérica se aborda desde el concepto del “consenso de Beijing”, bajo la luz de la teoría de la dependencia, donde este vínculo es asimétrico, coercitivo, destinado a asegurar la seguridad alimentaria y energética chinas, generando o profundizando la injusticia ecológico-distributiva. En el caso de Argentina, dijo, las asimetrías de negociación van en detrimento del respeto a los derechos ambientales. Las inversiones se dirigen a los sectores que generan más conflictividad territorial, vulneración de derechos de comunidades e impactos en la biodiversidad. Por otra parte, carecen de transferencia tecnológica, no crean encadenamientos productivos y generan escasos empleos de calidad. ¡Siente la emoción y la libertad de Mustang Money! Un tragamonedas lleno de adrenalina, gráficos impresionantes y grandes recompensas te esperan en cada giro. Prepárate para montar hacia la victoria, donde cada segundo cuenta. No pierdas la oportunidad de ganar en grande. Juega ahora en Mustang Money casino y comienza a disfrutar de esta increíble experiencia. Por otro lado, sostuvo Slipak, el perfil de inversiones y financiamientos de China “se alinea con el tipo de transición energética que denominamos corporativa, y no con el horizonte de transformación socioecológica que hemos planteado”.

El caso de Perú fue presentado por,Alejandro Chirinos, director de CooperAcción quien analizó las actividades empresariales de China en el contexto de la necesidad de inversiones del país. Se refirió a la iniciativa más emblemática -el puerto Chancay-, con una inversión de 3600 millones dólares, y cuya primera etapa se inaugurará este año en el marco del foro APEC. Chirinos se refirió al inmenso impacto ambiental y la transformación de la costa central peruana como consecuencia de la megaobra. Si bien es “una gran oportunidad -dijo- vemos el riesgo de mantener el rol primario exportador, la pérdida de ciertas soberanías estratégicas y dos retos: reducir las posibilidades de afirmar una relación de dependencia y respetar el equilibrio ambiental”.

La situación en Brasil fue abordada por María Elena Rodríguez, del BRICS Policiy Center de la Universidad Católica de Río de Janeiro, en tanto Marco Gandarillas, de LAS, expuso el caso de Bolivia.

Conclusiones

Maia Seeger, directora ejecutiva de Sustentarse y autora del caso de Chile, presentó algunas conclusiones del libro, destacando la enorme influencia de China en el sector de energía en América del Sur. Grandes empresas estatales chinas participan desde hace tres décadas en actividades de hidrocarburos en la región y, pese a los compromisos con el Acuerdo de Paris, siguen ampliando sus negocios en el rubro. Además, en el decenio de la IFR, China se ha involucrado en grandes proyectos hidroeléctricos, muchos de ellos emplazados en ecosistemas frágiles, con graves afectaciones ambientales y sociales, además de problemas constructivos y acusaciones de corrupción.

Seeger señaló que, particularmente en el último quinquenio, desde 2018 -año en que la IFR se expandió oficialmente a la región-, se han registrado gigantescas adquisiciones de empresas eléctricas por compañías estatales chinas, en especial en Brasil, Chile y Perú, y la adjudicación de contratos públicos para la construcción de extensas líneas de transmisión en diversos países, incorporando tecnologías chinas de ultra alta tensión y corriente continua. “Esta situación ha creado un incipiente debate sobre los potenciales efectos del control de China en un sector geoestratégico de tanta importancia como lo es la energía”, aseveró.

En el libro se concluye que las inversiones chinas siguen orientadas a sectores como hidrocarburos, minería, hidroelectricidad y mega infraestructuras, que están muy lejos de un desarrollo sostenible, así como una transición energética justa. “La promesa del gobierno chino de convertirse en líder mundial de un desarrollo limpio e impulsar una IFR ‘verde’ y ‘de alta calidad’ no se ha cumplido en la región”.

La publicación contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo y se encuentra disponible para descarga aquí.

Por Lukas Standen

El pasado viernes 19 y sábado 20 de abril tuvo un hito en Santiago de Chile, la Pre-COP de la sociedad civil del Acuerdo de Escazú. Ante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes para la implementación del acuerdo (COP3) se desarrolló un encuentro previo, convocando defensores ambientales, actores relevantes, expertos, organizaciones y colectivos, representantes de comunidades y pueblos indígenas, ponencias y público de Chile y toda la región de Latino América y el Caribe, reunidos en numerosas actividades como conversatorios, cine foro y talleres interactivos con el objetivo en el intercambio y muestra de experiencias y conocimientos locales para el llamado común y urgente por el cumplimiento de las garantías sobre acceso a la información, consentimiento y participación y justicia en materia ambiental, haciendo énfasis en la necesidad de la protección de los y las defensores socioambientales y de Derechos Humanos y sobre todo, de los pertenecientes a Pueblos Indígenas. 

Durante dos días de encuentro, en dos locaciones y más de 40 actividades, con integrantes de la sociedad civil y distinguidos representantes de pueblos indígenas y comunidades de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, además, de provenientes de distintos sectores de Chile, revelaron a más de 500 participantes y asistentes virtuales sus historias de lucha locales desde distintos ámbitos como Pueblos Originarios, Género, Transición Energética justa, Cambio y Justicia Climática y Personas Defensoras.

Para que finalmente las ponencias y actividades resultaran, a través de una plenaria en las importantes reflexiones de la Pre-COP3 para desde más de 100 organizaciones, decenas de actores relevantes y la sociedad civil instar a la Conferencia de las Partes a profundizar y asegurar el Acuerdo de Escazú con todas sus garantías de protección y participación.

En esto, se consideraron 13 puntos como relevantes para tomar especial consideración por las Partes del Acuerdo de Escazú entre los que destacan: Garantía de derechos de las personas defensoras por violencia hacia estos; Continuar y robustecer el Foro sobre Defensoras y Defensores; Continuar y generar un nuevo mandato del Grupo de Trabajo Ad Hoc de composición abierta; Participación de Pueblos Indígenas; Plan de Acción de Género; Compromiso con una sociedad en armonía con la naturaleza y los pueblos; Acceso a la justicia ambiental.

Exigiendo un Plan de Acción con garantías legales y técnicas para proteger efectivamente a las personas defensoras de Derechos Humanos ante violencia, amenazas y ataques, asimismo, ante el riesgo vital es necesario contar con un grupo permanente que incentive la participación de las mismas personas defensoras ambientales, con énfasis en representantes de pueblos indígena, para la toma de decisiones, mejora e implementación del plan y finalmente integrar una Relatoría sobre Pueblos Indígenas, que permitan asegurar los derechos, protección y participación cabal de y por los actores en el acuerdo y la implementación, para su optimización, la propia seguridad y que no debemos volver a atravesar asesinatos y persecución de defensores, incluso por una negligente aplicación limitada e insuficiente del acuerdo, contradiciendo sus propios principios.