Editado conjuntamente por Latinoamérica Sustentable (LAS) y Sustentarse, examina los impactos socioambientales de las inversiones chinas en la región

6 de mayo de 2024

Los lineamientos “verdes” de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) y los llamados de China a una cooperación de alta calidad no han redundado en iniciativas diferenciadoras que favorezcan un desarrollo sustentable y una transición energética justa en la región. Así se concluye en el libro “A diez años de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Desafíos ambientales y sociales de las inversiones de China en América del Sur”.

El libro, editado conjuntamente por Latinoamérica Sustentable (LAS) y Sustentarse, con la colaboración del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), fue presentado en un webinario que se realizó el jueves 23 de mayo pasado, en que se analizaron las implicaciones de las inversiones y del financiamiento chino en América Latina en el decenio 2013 -2023. Se trata de un trabajo colectivo que recoge la investigación de diversas organizaciones ambientales y autores sobre las características y los principales hitos de la relación de China con nueve países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

El libro aborda temas como el comercio, el financiamiento y las inversiones chinas, con énfasis en el sector energético, y los impactos de los proyectos chinos sobre los ecosistemas y los derechos de las comunidades en la búsqueda de una transición energética más justa. Se analizaron más de 30 proyectos mineros, de energía e infraestructura con participación china.

Webinario de lanzamiento

El lanzamiento de la publicación sobre la IFR tuvo el objetivo de compartir los principales hallazgos para contribuir a ampliar el conocimiento sobre la relación de China con América del Sur, y promover una reflexión sobre sus desafíos ambientales y sociales en el contexto de la crisis ecológica global y la búsqueda de una transición energética justa.

En el webinario, Diana Castro, subdirectora de LAS, señaló que la IFR -a la que adhieren 22 países latinoamericanos y caribeños- es “una continuidad de la expansión china en nuestra región”.  Afirmó que, pese a los cambios en la narrativa de China, al incorporar conceptos como los de una “IFR verde”, la “ecologización” de la iniciativa, y una “civilización ecológica”, los compromisos e intenciones del gobierno chino no se han implementado en los territorios.

A su vez, Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que la relación China-Latinoamérica se aborda desde el concepto del “consenso de Beijing”, bajo la luz de la teoría de la dependencia, donde este vínculo es asimétrico, coercitivo, destinado a asegurar la seguridad alimentaria y energética chinas, generando o profundizando la injusticia ecológico-distributiva. En el caso de Argentina, dijo, las asimetrías de negociación van en detrimento del respeto a los derechos ambientales. Las inversiones se dirigen a los sectores que generan más conflictividad territorial, vulneración de derechos de comunidades e impactos en la biodiversidad. Por otra parte, carecen de transferencia tecnológica, no crean encadenamientos productivos y generan escasos empleos de calidad. Por otro lado, sostuvo Slipak, el perfil de inversiones y financiamientos de China “se alinea con el tipo de transición energética que denominamos corporativa, y no con el horizonte de transformación socioecológica que hemos planteado”.

El caso de Perú fue presentado por,Alejandro Chirinos, director de CooperAcción quien analizó las actividades empresariales de China en el contexto de la necesidad de inversiones del país. Se refirió a la iniciativa más emblemática -el puerto Chancay-, con una inversión de 3600 millones dólares, y cuya primera etapa se inaugurará este año en el marco del foro APEC. Chirinos se refirió al inmenso impacto ambiental y la transformación de la costa central peruana como consecuencia de la megaobra. Si bien es “una gran oportunidad -dijo- vemos el riesgo de mantener el rol primario exportador, la pérdida de ciertas soberanías estratégicas y dos retos: reducir las posibilidades de afirmar una relación de dependencia y respetar el equilibrio ambiental”.

La situación en Brasil fue abordada por María Elena Rodríguez, del BRICS Policiy Center de la Universidad Católica de Río de Janeiro, en tanto Marco Gandarillas, de LAS, expuso el caso de Bolivia.

Conclusiones

Maia Seeger, directora ejecutiva de Sustentarse y autora del caso de Chile, presentó algunas conclusiones del libro, destacando la enorme influencia de China en el sector de energía en América del Sur. Grandes empresas estatales chinas participan desde hace tres décadas en actividades de hidrocarburos en la región y, pese a los compromisos con el Acuerdo de Paris, siguen ampliando sus negocios en el rubro. Además, en el decenio de la IFR, China se ha involucrado en grandes proyectos hidroeléctricos, muchos de ellos emplazados en ecosistemas frágiles, con graves afectaciones ambientales y sociales, además de problemas constructivos y acusaciones de corrupción.

Seeger señaló que, particularmente en el último quinquenio, desde 2018 -año en que la IFR se expandió oficialmente a la región-, se han registrado gigantescas adquisiciones de empresas eléctricas por compañías estatales chinas, en especial en Brasil, Chile y Perú, y la adjudicación de contratos públicos para la construcción de extensas líneas de transmisión en diversos países, incorporando tecnologías chinas de ultra alta tensión y corriente continua. “Esta situación ha creado un incipiente debate sobre los potenciales efectos del control de China en un sector geoestratégico de tanta importancia como lo es la energía”, aseveró.

En el libro se concluye que las inversiones chinas siguen orientadas a sectores como hidrocarburos, minería, hidroelectricidad y mega infraestructuras, que están muy lejos de un desarrollo sostenible, así como una transición energética justa. “La promesa del gobierno chino de convertirse en líder mundial de un desarrollo limpio e impulsar una IFR ‘verde’ y ‘de alta calidad’ no se ha cumplido en la región”.

La publicación contó con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo y se encuentra disponible para descarga aquí.

Por Lukas Standen

El pasado viernes 19 y sábado 20 de abril tuvo un hito en Santiago de Chile, la Pre-COP de la sociedad civil del Acuerdo de Escazú. Ante la tercera reunión de la Conferencia de las Partes para la implementación del acuerdo (COP3) se desarrolló un encuentro previo, convocando defensores ambientales, actores relevantes, expertos, organizaciones y colectivos, representantes de comunidades y pueblos indígenas, ponencias y público de Chile y toda la región de Latino América y el Caribe, reunidos en numerosas actividades como conversatorios, cine foro y talleres interactivos con el objetivo en el intercambio y muestra de experiencias y conocimientos locales para el llamado común y urgente por el cumplimiento de las garantías sobre acceso a la información, consentimiento y participación y justicia en materia ambiental, haciendo énfasis en la necesidad de la protección de los y las defensores socioambientales y de Derechos Humanos y sobre todo, de los pertenecientes a Pueblos Indígenas. 

Durante dos días de encuentro, en dos locaciones y más de 40 actividades, con integrantes de la sociedad civil y distinguidos representantes de pueblos indígenas y comunidades de Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia, Costa Rica y México, además, de provenientes de distintos sectores de Chile, revelaron a más de 500 participantes y asistentes virtuales sus historias de lucha locales desde distintos ámbitos como Pueblos Originarios, Género, Transición Energética justa, Cambio y Justicia Climática y Personas Defensoras.

Para que finalmente las ponencias y actividades resultaran, a través de una plenaria en las importantes reflexiones de la Pre-COP3 para desde más de 100 organizaciones, decenas de actores relevantes y la sociedad civil instar a la Conferencia de las Partes a profundizar y asegurar el Acuerdo de Escazú con todas sus garantías de protección y participación.

En esto, se consideraron 13 puntos como relevantes para tomar especial consideración por las Partes del Acuerdo de Escazú entre los que destacan: Garantía de derechos de las personas defensoras por violencia hacia estos; Continuar y robustecer el Foro sobre Defensoras y Defensores; Continuar y generar un nuevo mandato del Grupo de Trabajo Ad Hoc de composición abierta; Participación de Pueblos Indígenas; Plan de Acción de Género; Compromiso con una sociedad en armonía con la naturaleza y los pueblos; Acceso a la justicia ambiental.

Exigiendo un Plan de Acción con garantías legales y técnicas para proteger efectivamente a las personas defensoras de Derechos Humanos ante violencia, amenazas y ataques, asimismo, ante el riesgo vital es necesario contar con un grupo permanente que incentive la participación de las mismas personas defensoras ambientales, con énfasis en representantes de pueblos indígena, para la toma de decisiones, mejora e implementación del plan y finalmente integrar una Relatoría sobre Pueblos Indígenas, que permitan asegurar los derechos, protección y participación cabal de y por los actores en el acuerdo y la implementación, para su optimización, la propia seguridad y que no debemos volver a atravesar asesinatos y persecución de defensores, incluso por una negligente aplicación limitada e insuficiente del acuerdo, contradiciendo sus propios principios.

Sustentarse participó en panel sobre Transparencia e Inclusión en el Desarrollo

Representantes de unas 30 organizaciones defensoras del medioambiente y los derechos humanos y de comunidades impactadas de la región que hacen parte del Grupo de Trabajo sobre el BID, participaron en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de BID Invest, que tuvieron lugar este año entre el 6 y el 10 de marzo pasado en Punta Cana, República Dominicana. 

La participación de la sociedad civil en las Reuniones Anuales 2024 del grupo BID fue calificada por su presidente, Ilan Goldfajn, como un momento histórico para el Banco. “Es difícil creerlo, pero la última vez que el BID invitó a la sociedad civil a desempeñar un papel central en nuestra reunión anual fue en 2013”, dijo, reafirmando el compromiso de su administración de mejorar la relación con las partes interesadas y, en especial, con las organizaciones de la sociedad civil.

En el discurso de apertura del foro titulado “Desarrollo desde la perspectiva de partes interesadas y de sociedad civil”, que dio inicio a las Reuniones Anuales 2024, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, agradeció la presencia de la sociedad civil y destacó la importancia de que las organizaciones se conviertan en socios fundamentales del Grupo BID. “Uno de los cambios que estamos haciendo en el BID es revitalizar la relación con la sociedad civil. Queremos hacer un gran cambio en la forma en que trabajamos juntos”, dijo.

Goldfajn enfatizó que, “nuestra estrategia para trabajar con ustedes está centrada en lo que importa: operaciones, proyectos y programación de países. Ustedes son un socio clave para mantenernos informados en todo lo que hacemos, manteniéndonos disciplinados y enfocados. Estamos aquí porque los necesitamos. Necesitamos escucharlos y asegurarnos de que aprendemos de vuestros comentarios. Como lo he mencionado, queremos revitalizar nuestra relación, y lo estamos haciendo con un nuevo enfoque.”

Goldfajn afirmó que uno de los cambios principales que impulsa su administración es mejorar la relación entre el banco y la sociedad civil y trabajar conjuntamente para lograr de manera más efectiva los objetivos en común. En ese contexto, Goldfajn anunció la actualización de la estrategia marco de la Sociedad Civil, cuyo objetivo es ampliar la gama de representantes de la sociedad civil que interactúan con el banco, y la participación de sociedad civil en las estrategias país del BID.

Carolina Juaneda, representante de Bank Information Center (BIC) en Latinoamérica, destacó el esfuerzo de la actual administración del Banco para fortalecer el vínculo entre el Grupo BID y sociedad civil y, en particular, el anuncio del presidente Goldfajn de una nueva estrategia del banco para relacionarse con la sociedad civil. Dijo también que, “la participación de sociedad civil en las estrategias país es bienvenida”.

Respecto de la recapitalización de BID Invest, Juaneda señaló que, “un mayor riesgo requiere un aumento proporcional en la capacidad de garantizar el efectivo cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales, algo de lo que el BID Invest hoy carece”. Hizo presente que la evaluación realizada por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) del propio Banco confirmó muchas de las cuestiones que la sociedad civil viene señalando hace tiempo, en especial la recomendación de fortalecer la adicionalidad y efectividad de BID Invest, así como la necesidad de redefinir el enfoque de selectividad estratégica de operaciones y clientes.

El Grupo de Trabajo sobre el BID tuvo también una participación destacada en el panel “El Papel de la Transparencia y la Inclusión en el Desarrollo”, en el que estuvo representado por Maia Seeger, directora de Sustentarse. En su intervención señaló que la transparencia, en especial el acceso a la información es clave, al constituir un derecho llave que permite ejercer otros derechos, como por ejemplo el de participación de las comunidades en las decisiones que las afectan. En ese sentido, señaló que existen desafíos en la implementación de la Política de Acceso a la Información del BID y la rendición de cuentas. Citó un estudio realizado por Accountability Counsel, que analizó más de 230 quejas presentadas al MICI entre 2010 y 2023, estableciendo que en un 31% de los casos dichas quejas se originaron en la falta de transparencia y participación. Seeger llamó al banco a garantizar una mayor transparencia e involucrar la sociedad civil y las comunidades en los procesos de toma de decisiones y definición de prioridades, no sólo de proyectos específicos, sino también en las estrategias y planes institucionales.

Durante las Reuniones Anuales 2024, representantes del IDB Working Group sostuvieron diversas reuniones bilaterales con altos funcionarios del banco, incluyendo un encuentro protocolar con el presidente Ilan Goldfajn. Estas instancias permitieron fortalecer el diálogo con directivos y equipos clave, presentar recomendaciones prácticas para implementar de manera más efectiva los compromisos ambientales y sociales, y abordar los desafíos del Banco.

El grupo de trabajo presentó al Banco sus prioridades, llamando al Grupo BID a fortalecer los principios de buen gobierno, incluyendo transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; la participación significativa de partes interesadas y comunidades impactadas en el marco de los proyectos que financia; la implementación del Marco de Políticas Ambientales y Sociales del BID y la Política de Sostenibilidad del BID Invest, y la prevención de represalias a las personas defensoras ambientales y de derechos humanos. Del mismo modo, se llamó la atención sobre impactos negativos de algunos proyectos financiados por el BID.

Al evaluar la participación de la sociedad civil en las Reuniones Anuales 2024, Javier Dávalos, coordinador del Programa de Clima de AIDA, señaló que: “La participación de la sociedad civil en la Asamblea Anual del BID ha sido un hito para impulsar el cumplimiento del banco con sus compromisos climáticos, sociales y ambientales en la región. Las diversas voces presentes han traído un claro mensaje sobre la necesidad de contar con una política clara de salida responsable de proyectos que han causado impactos en los territorios y en las comunidades, y así reforzar el rol protagónico que el Grupo BID debe cumplir en el financiamiento de la transición energética justa en América Latina”.

A su vez, Suhayla Bazbaz, directora de la organización mexicana Cohesión Comunitaria e Innovación Social, CCIS, dijo que, “la interlocución del Grupo BID con las comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil - incluidas las que somos críticas e independientes- no debe depender de la discrecionalidad o la buena voluntad del personal. Debe ser parte de la cultura institucional”. Agregó que, “para ello, se necesitan canales y procesos institucionales, y equipos sólidos, que estén alineados al compromiso y a la responsabilidad del Grupo BID de respetar los derechos humanos y los principios de buen gobierno como eje central en sus actividades y operaciones”.

Cabe señalar que en las Reuniones Anuales del Grupo BID congregan las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest, integradas por ministros de finanzas, de economía, y presidentes de bancos centrales de los 48 países miembros, responsables de la gobernanza del banco. Durante el evento, se debate sobre los desafíos y las oportunidades para el desarrollo de América Latina y el Caribe y se definen las estrategias y programas del Banco.

Acerca del IDB Working Group

El grupo de trabajo sobre el BID, también conocido como IDB Working Group, es una red de organizaciones de la sociedad civil de América Latina e internacionales, que monitorea y hace incidencia hacia el Grupo BID con el fin de promover una mejor gobernanza, un mayor transparencia institucional y salvaguardas ambientales y sociales más robustas y efectivas en los proyectos que financia.

Las organizaciones del Grupo de Trabajo del BID que asistieron a las Reuniones Anuales 2024 del BID fueron las siguientes:

●      Accountability Counsel (Internacional)

●      Articulación Salvadoreña para la Incidencia en las IFIs (El Salvador)

●      Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia)

●      Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA (Regional)

●      Bank Information Center, BIC (Internacional)

●      Centro de Estudios Heñói (Paraguay)

●      Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (Internacional)

●      Cohesión Comunitaria e Innovación Social, CCIS (México)

●      Conectas Direitos Humanos (Brasil)

●      Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR (Perú)

●      Ecologia e Ação, ECOA (Brasil)

●      Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo – FOBOMADE

●      Fundación CAUCE, Cultura Ambiental – Causa Ecologista (Argentina)

●      Fundación Tierra (Bolivia)

●      Instituto Maíra (Brasil)

●      International Rivers (Latinoamérica)

●      Red de Comunidades Afectadas por IFIs

●      Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, LATINDADD (Regional)

●      Observatorio Ambiental Ciudadano - Veeduría Ciudadana (Colombia)

●      Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)

●      Sociedad y Discapacidad, Sodis (Perú)

●      Sustentarse (Chile)

Contacto

Para más información contactar a:

Carolina Juaneda

Representante de BIC para América Latina y coordinadora del IDB Working Group

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