El respeto de los DDHH debería ser el criterio rector para el uso de los millonarios recursos que destinarán las instituciones financieras internacionales (IFI’s) a abordar la crisis económica y de salud relacionada con la Covid-19, señaló la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo en una Declaración Pública difundida el 18 de mayo pasado. La Coalición, integrada por 98 movimientos sociales, organizaciones de base y organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del mundo – entre ellas, Sustentarse- ha detectado que la pandemia está teniendo un fuerte impacto en comunidades vulnerables afectadas por proyectos de desarrollo, exacerbando los efectos de la desigualdad, la violencia, la militarización y la vigilancia ciudadana.

La Coalición ha realizado un seguimiento de compromisos de desembolso por USD 90.000 millones, que han asumido los principales bancos multilaterales de desarrollo en respuesta a la emergencia. Estima probable que, además, se asignen recursos adicionales a la recuperación económica. Sólo el Grupo del Banco Mundial ha anunciado que podría proporcionar recursos por USD 160.000 millones en los próximos 15 meses.

Sin embargo, a medida que ha comenzado el desembolso de estos fondos, han trascendido casos de gestión indebida y derroche.  

Los bancos de desarrollo, ahora más que nunca, deberían orientar y supervisar a sus clientes gubernamentales y del sector privado, para asegurar que los recursos aportados sean empleados apropiadamente. La Coalición hace un llamado a que las IFI’s se cercioren de que—durante la pandemia y con posterioridad— los fondos lleguen a las personas más vulnerables y que faciliten el acceso universal e igualitario a servicios esenciales como salud, vivienda, agua, saneamiento, educación y medios de vida sostenibles. Al mismo tiempo, pide evitar el financiamiento de proyectos nocivos para el medioambiente, que generen el desplazamiento de personas y que pongan en riesgo la seguridad alimentaria.

La Coalición también exhorta a las instituciones a fortalecer los mecanismos anticorrupción y asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la consulta significativa de las comunidades afectadas.

Más de 260 grupos de la sociedad civil a nivel global -entre ellas Sustentarse- pidieron al gobierno de China garantizar que la ayuda financiera relacionada con el COVID-19 a proyectos que forman parte de la iniciativa “Un Cinturón, Un Camino” (UCUC) se destinen sólo a inversiones de alta calidad.

En febrero de 2020, el Ministerio de Comercio (MOFCOM) y el Banco de Desarrollo de China (BDC) anunciaron un mecanismo de Respuesta a la Epidemia de COVID-19 y el Apoyo Financiero de Desarrollo a la Construcción Conjunta de Alta Calidad de la Franja y la Ruta, proporcionando apoyo financiero de desarrollo a los proyectos y las empresas relacionados con la iniciativa y afectados por la pandemia. El Banco Chino de Desarrollo proporcionará apoyos mediante medidas tales como financiamiento de bajo costo, préstamos especiales de capital, períodos razonables de carencia de reembolso, un “canal verde” para el crédito y servicios diversificados de financiación en moneda nacional y extranjera.

El BDC evaluará los proyectos en el extranjero afectados por el brote y entregará ayuda financiera a aquellos que cumplan con criterios como"alta calidad", "legalmente compatibles," y "riesgos controlables".

En una declaración pública firmada el 29 de abril de 2020, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron que las inversiones chinas cumplan con criterios estrictos y específicos, y que se evite reflotar proyectos que de manera previa al brote del COVID-19 ya hayan sido calificados de alto riesgo ambiental y social. En el documento identifica 60 proyectos sensibles de inversión china en el mundo en sectores como minería, pulpa y papel, energía hidroeléctrica, infraestructura y combustibles fósiles, de los cuales 14 corresponden a América Latina. Dichos proyectos no cumplen con criterios de alta calidad de la inversión.

En Chile se identificó el proyecto de Expansión de una Planta de Carbonato de Litio de la compañía minera SQM. En 2018, Tianqi Lithium Corp adquirió el 24% de SQM por 4.000 millones de dólares, la mayor inversión extranjera en el país en ese año.

La declaración presenta una lista de diez principios que debería requerir un proyecto para ser considerado de "alta calidad", que incluyen la realización de evaluaciones de impacto ambiental serías y confiables; la obtención de consentimiento libre, informado y previo de las comunidades afectadas; la no afectación de hábitats clave para la biodiversidad; y la alineación con las las mejores prácticas y estándares internacionales, así como con las políticas financieras verdes de China, entre otros parámetros.

Las organizaciones firmantes exhortan a los actores globales y chinos de desarrollo a considerar que las inversiones de baja calidad y alto riesgo no solo generan impactos negativos, sino también facilitan la propagación de enfermedades como consecuencia de la afectación de ecosistemas prístinos. En un mundo post COVID-19, los actores globales deberán tomar medidas más fuertes y decisivas para estabilizar y revitalizar la economía global de una manera ecológicamente segura, sustentable y orientada a las personas, garantizando que cualquier alivio financiero relacionado con el COVID-19 se asigne a proyectos e inversiones que beneficien a las comunidades locales, estén alineados con estándares internacionales y mejores prácticas, y que preserven los ecosistemas cada vez más frágiles de nuestro mundo.

Dirigentes de los sindicatos de pescadores artesanales afiliados a Asopesca Tocopilla A.G. llaman al grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a cumplir las políticas y salvaguardas ambientales y sociales de BID-Invest como condición para aprobar el financiamiento del proyecto de Planta Desaladora Radomiro Tomic de Codelco, que considera una inversión de USD 1.000 millones.