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Sustentarse colabora como coadministrador del Sistema de Alerta Temprana (SAT), y es responsable de monitorear las operaciones financieras y proyectos propuestos y/o aprobados para ser ejecutados en Chile, Perú y Bolivia.

El SAT o Early Warning System (EWS), en inglés, es una iniciativa de la Coalición de los Derechos Humanos para el Desarrollo que busca asegurar que las comunidades locales y las organizaciones que las apoyan dispongan de información suficiente y verificada acerca de proyectos financiados por Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s), que podrían afectar los derechos humanos o el medioambiente.

EL SAT provee herramientas para el monitoreo de 13 bancos de desarrollo a nivel global, sus planes maestros, proyectos y los flujos de capital. Cuenta con una plataforma electrónica y una base de datos administrada por la sociedad civil, que resume y estandariza los proyectos propuestos para financiamiento de los bancos. Identifica y sistematiza los proyectos de desarrollo financiados por los principales bancos internacionales, desglosados por región y por país, para facilitar el acceso a la información.

El SAT entrega, además, antecedentes críticos, orientación y recursos para la defensa de las comunidades cuyos derechos han sido vulnerados o amenazados, o podrían ser afectados por proyectos financiados por Instituciones Financieras de Desarrollo.

¿Cómo funciona el Sistema de Alerta Temprana o EWS?

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Las comunidades locales, en particular los grupos y personas más vulnerables, sufren con especial severidad los impactos negativos de actividades extractivas y proyectos de “desarrollo”, sin obtener ningún beneficio.

No sólo en las “zonas de sacrificio”, sino en diferentes territorios en Chile y en la región latinoamericana se observa a comunidades que se ven enfrentadas imprevistamente a proyectos que vulneran sus derechos y que afectan sus hábitats, sus modos de vida y medios de subsistencia. En desigualdad de condiciones deben destinar sus escasos recursos y mucho tiempo a la defensa del medioambiente y de sus derechos vulnerados o amenazados, con inciertas expectativas de obtener resultados justos.

El rol de Sustentarse es apoyar a comunidades afectadas por proyectos de desarrollo a acceder tempranamente a información relevante y a brindar asesoría en el diseño y la implementación de estrategias de defensa de sus derechos y su territorio.

 

Principios Generales

El foco de Sustentarse en los derechos humanos de las comunidades locales se sustenta en convenciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).

Defendemos el derecho de las personas y de las comunidades a un medio ambiente no contaminado, el derecho humano al agua y a una alimentación sana y saludable. Específicamente, nos centramos en los derechos de tercera generación consagrados en dos instrumentos internacionales, como son la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y el Acuerdo de Escazú.

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986. En su Artículo 1° establece que:

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.

El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye (…) el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

El Artículo 2° proclama que, “La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo”.

A su vez, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (2018), conocido como Acuerdo de Escazú, es un acuerdo internacional firmado por más de veinte países, cuyo objetivo principal es:

Artículo 1°. Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

 

Ámbitos y alcance de nuestra acción

Nuestro programa de Derechos Humanos y Comunidades se circunscribe a brindar apoyo y acompañamiento a comunidades afectadas o potencialmente amenazadas por proyectos de desarrollo que cuentan con financiamiento de bancos multilaterales. En ese contexto, desarrollamos acciones como las siguientes:

  • Promovemos los derechos al acceso a la información y a la participación significativa de la comunidad.
  • Facilitamos el acceso de comunidades a información relevante sobre iniciativas de desarrollo que las afectan y promovemos su intercambio entre los distintos miembros de la comunidad.
  • Apoyamos a las comunidades en el monitoreo de proyectos que puedan vulnerar sus derechos humanos, afectar los sistemas socio-ecológicos y a las personas.
  • Orientamos a las comunidades en el diseño y la implementación de estrategias de resistencia y campañas en defensa de sus derechos.
  • Promovemos alianzas con organizaciones de la sociedad civil y gestionamos apoyos estratégicos para fortalecer procesos de defensa de territorios, en particular para defensores ambientales y mujeres defensoras de territorios.

Ecofeminismo

       “En los territorios donde se han instalado enclaves extractivistas, tales como mineras,  pesqueras, petroleras o forestales, se han masculinizado los espacios comunitarios y la vida cotidiana, impacto que se expresa en el aumento para las mujeres de la carga de trabajo doméstico y de cuidados, su pérdida de autonomía económica y soberanía alimentaria, el envenenamiento a sus cuerpos, el aumento de la violencia en todas sus formas, el incremento de la explotación sexual a mujeres y niñas y una pérdida de identidad cultural puesto que se debilitan sistemas de vida donde las mujeres tuvieron históricamente una fuerte presencia” (Erpel, 2019).

Reconocemos que las mujeres y la naturaleza enfrentan muchas veces una opresión compartida en territorios degradados ambientalmente y donde resulta difícil mantener una vida digna. En los territorios impactados por actividades extractivas e industriales las mujeres experimentan las mayores violaciones a sus derechos humanos.

Es en estos territorios donde los movimientos femeninos confluyen con los movimientos ambientales, enriqueciendo los análisis y aportando miradas inclusivas que suman y proponiendo soluciones alternativas en la defensa ambiental y de los derechos de las comunidades.

Apoyamos los movimientos ecofeministas mediante actividades para su empoderamiento y capacitación, y facilitamos redes de apoyo internacional para obtener los recursos necesarios para proyectos y campañas de defensa de sus derechos y sus territorios.

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El programa de Gobernanza Socioambiental promueve la implementación de políticas e instrumentos de gestión socioambiental en la gestión local y la participación significativa de las comunidades en las decisiones sobre el desarrollo. En esta línea, Sustentarse trabaja a nivel local y en incidencia en política internacional.

Nivel Local

  • Promovemos el desarrollo liderado por las comunidades y su participación en las decisiones acerca del diseño, financiamiento e implementación de políticas, estrategias y planes de desarrollo relacionadas con los territorios.
  • Apoyamos campañas comunitarias para generar cambios en la forma en que se diseña, financia e implementa el desarrollo.
  • Potenciamos el conocimiento y la experiencia de la comunidad como factor clave para planificar el desarrollo.
  • Desarrollamos capacidades en materias como Derechos Humanos, Desarrollo Local Sustentable y Ecofeminismo y Economía de los Cuidados.
  • Orientamos procesos de investigación e intervención liderados por la comunidad para determinar sus prioridades de desarrollo, en base a metodologías y herramientas innovadoras (por ejemplo, investigación acción participativa, ciencia ciudadana, Guías de IAP, etc.)
  • Apoyamos la elaboración de planes de desarrollo comunitario por la comunidad y la formulación de recomendaciones de la comunidad a los gobiernos locales, autoridades, proponentes o titulares de proyectos de inversión, instituciones financieras multilaterales y empresas.
  • Impulsamos procesos de diálogo y articulación entre comunidades y otros actores a nivel local, nacional e internacional.

Incidencia internacional

Es un hecho reconocido que a nivel global los espacios de participación e incidencia de la sociedad civil están disminuyendo y bajo amenaza.  Es necesario generar y fortalecer los espacios de participación (civic space) para que los ciudadanos y sus organizaciones puedan expresarse libremente, sin temor a amedrentamientos y represalias, reunirse y asociarse con otros y tener una voz en las decisiones que los afectan. Por ende, estos espacios son un requisito para una vida digna.

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El desarrollo sustentable sólo es posible con transparencia y rendición de cuentas. Convencidos de este axioma es que nos sumamos al movimiento internacional por la de transparencia activa que impulsa la sociedad civil para exigir al sector corporativo, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales la rendición de cuentas acerca de sus políticas de sustentabilidad, su gestión y los impactos que su accionar tienen sobre el medioambiente y las comunidades.

A través de la transparencia y el acceso a la información, se generan condiciones que permiten a la ciudadanía ejercer el control social que está llamada a cumplir, y a tener una mayor incidencia y participación en espacios de toma de decisiones y de diseño de políticas públicas, asegurando que éstas consideren los derechos de todas las partes interesadas.

El foco del interés de Sustentarse en la transparencia y rendición de cuentas es en relación con el financiamiento responsable de proyectos susceptibles de causar impactos socioambientales significativos, asegurando que respeten los derechos y beneficien a las comunidades afectadas.

Para estos fines, participa en cuatro tipos iniciativas concretas:

Transparencia y Seguimiento a Bancos Multilaterales de Desarrollo

  • Hacemos seguimiento a operaciones de financiamiento de instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y la Corporación Financiera Internacional (IFC) a proyectos promovidos por el Gobierno, por empresas públicas o el sector privado. Para estos efectos participamos como coadministradores del Sistema de Alerta Temprana, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil en América Latina y a nivel global.
  • Facilitamos el acceso de comunidades a la información sobre iniciativas de desarrollo que las afectan, y promovemos su intercambio entre los actores locales y organizaciones de la sociedad civil.

Transparencia del Sector Extractivo

  • Participamos en la red de asociados a la Iniciativa de Transparencia de la Industria Extractiva, EITI. Impulsamos la incorporación de Chile y de las empresas extractivas que operan en el país a esta iniciativa global y a la adopción del estándar EITI.
  • Fomentamos la vigilancia social y ciudadanía de las actividades extractivas y de infraestructura.

Estándares Internacionales

  • De manera individual y mediante participación en grupos de trabajo internacionales, revisamos las políticas de acceso a la información, así como las políticas y salvaguardas ambientales y sociales de los bancos multilaterales y proveemos insumos para su modernización y adecuación a las mejores prácticas a nivel global.
  • Monitoreamos la adecuada implementación y cumplimiento de políticas y salvaguardas ambientales y sociales de bancos multilaterales en proyectos concretos. 
  • Impulsamos y apoyamos la utilización por parte de comunidades afectadas de los mecanismos de queja o reclamos de que disponen los bancos, y entregamos retroalimentación sobre su efectivo funcionamiento.
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La Acción por el Clima focalizada en el nivel local es un pilar transversal de nuestra actividad, que busca fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar el cambio climático y, en particular, para incidir en políticas, estrategias y planes que conlleven a una mayor resiliencia de los territorios.

Es un hecho conocido que las comunidades y en particular los grupos más vulnerables, como los pobres y las mujeres, son los principales afectados por el clima cambiante. Los efectos se hacen sentir con mayor énfasis en los territorios y, en algunos casos, ya son irreversibles. La sequía y falta de acceso al agua; la desertificación y la degradación de suelos; la afectación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad; la desaparición de bosques; los impactos en actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y la pesca, y la consiguiente disminución del ingreso y el aumento de la desigualdad ponen en riesgo la subsistencia de las comunidades. 

Se suman a lo anterior fenómenos extremos en zonas costeras, como alza del nivel del mar y marejadas, y una mayor exposición a desastres naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra y marejadas.

En virtud de su conocimiento del territorio, las comunidades tienen una mayor capacidad para identificar su vulnerabilidad a los efectos del clima cambiante, así como las amenazas derivadas de actividades antropogénicas intrusivas y de alto impacto en el entorno. De este modo, las comunidades están llamadas a jugar un papel protagónico en la identificación de amenazas y vulnerabilidades, y en la gestión de riesgos que significa el cambio climático.

Nuestra labor en los territorios es trabajar con las comunidades para incorporar la gestión de los riesgos derivados del cambio climático en los planes de desarrollo local; definir medidas apropiadas de adaptación que permitan reducir las vulnerabilidades detectadas; y participar activamente en procesos colectivos que busquen fortalecer políticas e instrumentos para regular actividades con alto impacto en el territorio y monitorear sus operaciones.

Facilitamos espacios para sensibilizar a las comunidades sobre los riesgos del cambio climático en los territorios y para transferir conocimientos que permitan identificar medidas que apunten a algunos de los siguientes objetivos:

  • Proteger el hábitat y los medios de subsistencia: agricultura, ganadería, pesca, turismo a escala local
  • Asegurar la producción sustentable de alimentos y la soberanía alimentaria
  • Garantizar el acceso al agua como derecho humano y promover su uso sustentable
  • Utilizar los conocimiento y saberes ancestrales para mejorar la resiliencia de los territorios
  • Proteger la salud frente a nuevos vectores sanitarios
  • Fortalecer y adecuar la infraestructura local crítica