Con el título Riesgos no calculados, la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo publicó en junio de 2020 un documento de análisis y recomendaciones basado en el estudio de 25 casos de amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos a nivel global.

La publicación explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de personas defensoras en el desarrollo, y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación. El informe original se publicó en mayo de 2019 en inglés, y desde ahora se encuentra disponible su traducción al español.

El propósito del informe Riesgos no calculados es ofrecer una plataforma analítica para el aprendizaje conjunto sobre la naturaleza de las amenazas que enfrentan lxs defensorxs de derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo; el papel que desempeñan las instituciones financieras de desarrollo; y la manera en que estas instituciones podrían mejorar la prevención y la mitigación de estas amenazas, junto con fomentar un desarrollo participativo y respetuoso de los derechos.

Amenazas y ataques generalizados

Según el estudio, las amenazas y los ataques contra personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de proyectos de desarrollo son generalizadas. Con frecuencia, se ignoran o se pasan por alto las señales de alerta que indican la existencia de posibles amenazas. Pese a ello, “las IFD continúan financiando proyectos que ocasionan daños severos a las comunidades locales, a pesar de las salvaguardas sociales y ambientales y de los compromisos en materia de derechos humanos que han asumido”.

Si bien varias IFD están comenzando a abordar las amenazas en contra de las personas defensoras en el desarrollo, hace falta mucho más, afirma el informe. “Para abordar con eficacia la reducción del espacio para la participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas contra las personas defensoras se necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo”.

Situación en América Latina

El estudio documenta diez casos de amenazas y ataques que han afectado a defensorxs ambientales en la región latinoamericana, específicamente en Brasil, Guatemala, Honduras, Colombia, Perú y México.

Por ejemplo, en Guatemala, las comunidades indígenas que se oponen a un proyecto hidroeléctrico han sido sometidas a campañas de difamación y enfrentan numerosas condenas penales falsas. En Colombia, movimientos sociales que se enfrentan a una represa que desplazó a miles de personas han sido acosados y detenidos ilegalmente; varios líderes y sus familiares han sido asesinados. En Perú, el gobierno recurrió a decretos de emergencia y a la fuerza militar para sofocar protestas y huelgas laborales en torno a una mina de cobre, provocando varias muertes. En México, la consulta inadecuada de los pueblos indígenas sobre la construcción de un parque eólico dividió a las comunidades, lo que condujo a la intimidación, el acoso judicial y a ataques físicos.

Recorte Ficha Caso Hidroituango, Colombia

Formas y tipos de amenazas

Las amenazas y los ataques contra lxs defensorxs de derechos humanos adoptan formas muy diferentes. Sin embargo, a menudo tienen un mismo origen.

Las campañas de difamación o estigmatización buscan minar la legitimidad del carácter o las motivaciones de la persona defensora. La difamación se realiza a través de noticias en los medios, panfletos anónimos, videos en YouTube y a través de otros medios sociales. Frecuentemente se etiqueta a las personas defensoras como opositores al desarrollo o como miembros de grupos criminales vinculados con la mafia, las guerrillas o el narcoterrorismo.

Las acusaciones no solo deslegitiman a las personas defensoras, sino que también puede incentivar ataques o generar mayor impunidad para eventuales acciones futuras de amedrentamiento o agresiones por las fuerzas de seguridad, los actores empresariales y otros actores.

Las campañas de difamación pueden conducir a un acoso más directo, mediante amenazas verbales o escritas, vigilancia, represalias laborales, amenaza de pérdida de oportunidades de trabajo o inclusión en una lista negra.

Las comunidades que se oponen a un proyecto o están afiliadas a un partido de oposición pueden verse excluidas de servicios públicos, como la atención médica, o el acceso a beneficios sociales.

En los casos estudiados se advierte que incluso los Gobiernos y las empresas hacen uso de la ley para acosar y criminalizar a las personas defensoras, en un esfuerzo por silenciarlas. La estigmatización y la criminalización pueden escalar rápidamente hasta convertirse en ataques más violentos, acompañada de detenciones y arrestos.

Prevención y respuesta a represalias

La publicación propone un proceso de prevención y respuesta a las represalias a partir de un análisis inicial de riesgo de represalias previo a la aprobación de cualquier proyecto de desarrollo; la clasificación del riesgo de represalias, el que puede ser bajo a mediano, alto o inaceptable. Para proyectos de riesgo bajo o medio y alto se recomiendan estándares específicos de monitoreo. En caso de riesgo inaceptable, se propone negar la aprobación o rediseñar el proyecto.

También se sugiere un conjunto de 35 recomendaciones de políticas para evaluar y evitar impactos negativos, requerir participación sensible a represalias de comunidades y personas defensoras, asegurar el monitoreo eficaz del riesgo de represalias y la reparación de quejas, y para responder eficazmente a las amenazas y ataques.