OSC analizarán papel de los Bancos Multilaterales de Desarrollo en la transición energética y la extracción de minerales críticos
Jueves 13 de octubre/ 8:30 – 10:00 am hora de Washington, D.C.
En el marco de las Reuniones Anuales 2022 del Grupo Banco Mundial, representantes de OSC de distintas regiones del mundo discutirán el jueves 13 de octubre próximo las implicancias sociales y ambientales de la extracción de minerales crítico para la transición, y el rol que están desempeñando los Bancos Multilaterales de Desarrollo (MDB) en la promoción y el financiamiento del sector minero crítico, como parte de su estrategia climática.
El panel será moderado por Leandro Gómez de FARN, Argentina. Participarán como panelistas Jaybee Garganera, de Asia Pacific Gathering on Human Rights and Extractives, y Maia Seeger de Sustentarse, Chile. Además, se sumará al panel la representante del Banco Mundial, Rachel Perks.
Los objetivos del foro serán los siguientes:
1. Debatir sobre el desarrollo de la extracción de minerales críticos como respuesta a la crisis climática y sus impactos sociales y ambientales en el Sur Global.
2. Discutir el papel del BMD en la promoción, el financiamiento, y el diseño de marcos normativos y políticas públicas para promover la transición energética y la minería de minerales críticos.
3. Analizar las implicancias de la iniciativa de minería climáticamente inteligente del Banco Mundial y de otros BMD para una transición energética justa e inclusiva.
Se estima que, para 2050, se necesiten más de 3 mil millones de toneladas de metales y minerales para aumentar la disponibilidad de energía renovable y la movilidad eléctrica. Sin embargo, la expansión de la extracción de metales y minerales de transición, especialmente en el Sur Global, plantea importantes preocupaciones socioeconómicas, ambientales y de derechos humanos, poniendo en riesgo una transición justa e inclusiva. Esta sesión discutirá el rol de los BMD en la promoción y el financiamiento de estas actividades, así como la necesidad de que dichas intervenciones se enmarquen en políticas y normas de desempeño ambiental y social, y que garanticen el respeto a los derechos humanos.