Por Natalia Lueje

La urgente necesidad de descarbonizar la matriz energética en el marco de la crisis climática global, le ha conferido al capitalismo ahora “verde”, la oportunidad de seguir expandiendo sus fronteras creando nuevos polos de “desarrollo” de mega proyectos de inversión en Chile, en el sector de energías renovables -principalmente eólica y solar-, tributarios de la nueva vedette del mercado chileno, la incipiente industria del Hidrógeno Verde. 

La Región de Antofagasta es probablemente, la definición de un modelo de desarrollo rentista sobre la tierra que se puede denominar como extractivismo minero. Aparejada a esta actividad, desde los albores del Siglo XX se impulsó fuertemente la producción de energía en las costas del norte grande para el suministro de la electricidad necesaria para los procesos de extracción de cobre y otros minerales. Ya en 1915 emergió la primera termoeléctrica a carbón en Tocopilla de la Chilean Exploration Company de propiedad de la familia Guggenheim, para alimentar a la histórica mina de Chuquicamata en la pampa desértica. En Tocopilla se fundó el primer parque térmico de la región, al que se sumó, a principios del Siglo XXI el parque industrial en Mejillones, con ocho plantas termoeléctricas actualmente en operación*. 

Ahora, en un contexto global más restrictivo para el sector, las mismas empresas productoras de energía eléctrica alta en emisiones y contaminantes, impulsan fuertemente el sector de renovables y de hidrógeno en la región, en un nuevo ciclo de extractivismo energético “bajo en emisiones”, apoyado por el Estado de Chile y los Bancos Multilaterales de Desarrollo.

Chile representa y favorece a un modelo de transición energética corporativa y de acumulación por desfosilización**, respaldado por cuerpos legales y políticas sobre descarbonización y transición energética, como la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, que pretende posicionar al país como el principal productor de este combustible en América Latina y uno de los tres primeros en el mundo. Esto ha implicado que, en el último lustro, los parques eólicos y fotovoltáicos, las plantas desalinizadoras y las líneas de transmisión se hayan multiplicado de forma exponencial en la región, considerando que la producción del hidrógeno verde es muy intensiva en el uso de energía y agua, además de requerir otras inversiones en infraestructura como puertos, líneas de transmisión y ductos.

   La suerte de Tocopilla y Mejillones ya está  tristemente sellada, mientras que en la misma región una nueva oleada de proyectos de Transición Energética está invadiendo las localidades de Taltal y Paposo. Se construirán grandes puertos para embarcar el hidrógeno para abastecer al Norte Global ante la crisis de energía. Las comunidades locales no quieren que Paposo - Taltal se conviertan en un nuevo territorio sacrificado en la región como Tocopilla y Mejillones.

En las costas del norte grande existe un pueblo que ha habitado estos territorios por más de diez mil años; sin embargo el Estado de Chile desconoció su existencia en la Ley Indígena hasta su reciente “reconocimiento” en el año 2020, impulsado por lideresas como Brenda Gutierrez Almendares de la comuna de Taltal.

Estos son los Changos, los Camanchacas, los pescadores de la niebla, un pueblo originario ancestral dedicado a la pesca, el buceo, el marisqueo y la recolección de orilla. Un pueblo que ha cuidado y respetando los ciclos de la naturaleza y el mar, la MamaCocha. Un pueblo que exige reconocimiento y respeto, al que la Corporación Nacional Indígena no les resguarda  ni les garantiza sus derechos fundamentales, poniendo todo tipo de barreras administrativas y procedimentales para su acreditación. El principio de autorreconociempo por autodeterminación en Chile es un ámbito sombrío, poco conocido y que en la práctica tiene escasa aplicación legal. Esa ha sido la experiencia de los Changos que se expresa en el siguiente testimonio:

“Nosotros comenzamos la lucha por el reconocimiento el 2017, nos formamos cuatro agrupaciones, no para que nos dijeran que somos Changos, porque desde que nacimos supimos que éramos Changos. Tampoco para que el Estado nos diera una acreditación, si no que la lucha fue para cuidar y proteger el borde costero, el ecosistema, para cuidar la biodiversidad y dejarle a nuestros hijos, nietos y bisnietos una tierra limpia, un mar limpio (...) Basta de tierras contaminadas, basta de mar contaminado, basta de aire contaminado, ya estamos cansados…” (Brenda Gutiérrez, dirigente social indígena y miembro de la Agrupación de Changos Vivientes de Taltal, 28 de abril de 2023).

Este es un contexto de vulneración histórica y permanente de derechos de un pueblo que, cuando menos, debería tener acceso a ejercer el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, tal como lo consagra el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en el año 2009. Lamentablemente la aplicación de este convenio es limitada e insuficiente, contradiciendo sus propios principios y permitiendo, una vez más, el despojo a los guardianes del mar, los Changos.

Encuentro anual del Pueblo Chango de la Región de Antofagasta, playa de Cachinales, comuna de Taltal,  28 abril de 2023.

 *Las centrales termoeléctricas se emplazan en la costa con el fin de utilizar agua de mar como fuente de enfriamiento. La succión de agua de mar incluye larvas y una multiplicidad de especies marinas adultas, que luego son vertidas al mar como materia orgánica inerte. Las plantas desalinizadoras operan de modo similar, devolviendo además a los ecosistemas marinos los efluentes altamente salinos .

** Svampa, M y Bertinat, P.. (2020). La Transición Energética en Argentina. Siglo XXI editores.

Nueve años de aprendizaje del MICI - BID en América Latina

Por Maia Seeger P.

En el marco de las celebraciones de su décimo aniversario, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo lanzó hace pocos días la publicación titulada Fase de Consulta: Nueve años de experiencia en resolución de disputas 2010-2019.  El documento, que forma parte del Programa MICI Reflexiones, presenta una revisión del proceso de resolución de controversias de los 25 casos que el mecanismo ha gestionado en ese período.

La difusión de la publicación de MICI coincide con el anuncio del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD) del nombramiento de Victoria Márquez-Mees como la primera Chief Accountability Officer del recientemente creado mecanismo independiente de rendición de cuentas de esta institución financiera, el Independent Project Accountability Mechanism (IPAM). Márquez-Mees asumirá el nuevo cargo en julio del presente año, junto con el debut del IPAM.

El anuncio causó sorpresa, ya que Márquez-Mees es la actual directora del MICI y el BID aún no ha oficializado públicamente su salida. Además, se ha desempeñado en el mecanismo desde su inicio, en 2010, asumiendo el actual cargo en 2017. En esta calidad es la responsable de la publicación in comento, que sistematiza nueve años de experiencia del MICI en la resolución de disputas en América Latina y El Caribe.

El MICI define la “Fase de Consulta” como un proceso de resolución de disputas en el cual funge como facilitador, buscando que las partes lleguen a acuerdos respecto de las problemáticas que motivaron la solicitud o queja.

Principales hallazgos

Un hallazgo interesante es que los casos abordados por el MICI, en general, “involucran a poblaciones de escasos recursos con índices educativos bajos y con débiles capacidades organizativas”. Esto es congruente con las observaciones de la sociedad civil, en el sentido que los proyectos de “desarrollo” suelen afectar con más severidad a los grupos más vulnerables y que éstos, a su vez, se encuentran en una situación de mayor indefensión, disponiendo de pocos medios alternativos para defenderse.

Sin embargo, preocupa el lenguaje utilizado por el MICI cuando habla de comunidades con “índices educativos bajos y capacidades organizativas débiles", porque ésta, “es una visión muy occidental y preconcebida, que no ayuda a promover la expertise comunitaria y reconocer que sus formas de organización no están previstas para el conflicto externo, sino para el trabajo solidario”, observó Alexandre Andrade Sampaio, de International Accountability Project. “Es triste que el propio MICI aún tenga una visión tan débil de aquellos con quienes trabaja”.

En los casos de MICI, los reclamos por incumplimiento se han agrupado en tres temáticas: falta de relacionamiento comunitario (64%); falta de información (60%); y, deficiente evaluación de riesgos (40%). La mayoría de las quejas se refieren a daños generados por los proyectos del BID en las condiciones de vida y el patrimonio, casi siempre como resultado de actividades de reasentamiento involuntario o por desplazamiento económico de comunidades vulnerables. Otros impactos recurrentes de carácter ambiental se refieren a la afectación de la disponibilidad de agua o su contaminación, y a la polución sonora y del aire.

Desafíos

Los principales desafíos que encontró MICI en los procesos de consulta fueron tres: la erosión de la confianza entre las partes; la falta de acceso a la información, y la asimetría de capacidades para una participación efectiva.

MICI observó que, al momento de presentarse una solicitud, las “relaciones entre las partes se caracterizan en general por una baja interacción, la ausencia de influencias recíprocas, la desconfianza, la crítica mutua, y limitada disposición a interactuar”. Agrega que a ello se suma la polarización creciente que muestran muchas de las sociedades de la región de América Latina y el Caribe, agravando los problemas de confianza.

A su vez, la falta de acceso oportuno de las comunidades a la información relevante sobre los proyectos, en un lenguaje comprensible, daña fuertemente la confianza entre las partes y afecta la actitud con la que se llega a los espacios de resolución de disputas y/o controversias.

Respecto de la asimetría de capacidades para una participación efectiva, el documento del MICI indica que, “suele ser poco frecuente que comunidades o individuos que presentan una Solicitud ante el Mecanismo estén totalmente preparados para iniciar un proceso de resolución de disputas”. En nuestra experiencia, las complejidades de las políticas, criterios y procedimientos del MICI son una barrera casi invencible para las comunidades.

En las reflexiones generales de cierre, la publicación constata una realidad preocupante: “El Grupo BID desarrolla sus operaciones en un contexto regional caracterizado por una conflictividad socioambiental creciente, con niveles de polarización social considerables y en donde coexisten diversas visiones sobre como alcanzar un desarrollo sustentable”.

A modo de conclusión, MICI resalta la importancia de construir puentes de confianza desde las primeras etapas de diseño de un proyecto, basados en la comunicación de dos vías para generar comprensión de las preocupaciones y desafíos que cada Parte percibe, la provisión de información transparente, directa y oportuna y el mantenimiento de los compromisos que se realizan.

Aprendizajes para mejorar los estándares

Los aprendizajes plasmados en el documento son un aporte a la discusión respecto del rol de los mecanismos de rendición de cuentas y reparación de los bancos multilaterales y de los muchos desafíos que aún están pendientes. Destacamos una cita de la publicación que nos parece particularmente relevante para revisar y evaluar la efectividad del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID:

      “Muchos de los conflictos se han generado durante las etapas de pre-identificación, identificación y preparación de los proyectos, pero dado que el MICI solo puede ser activado una vez que la operación es aprobada, estos conflictos por lo general han crecido y la polarización entre las Partes ha escalado. Esto genera desafíos particulares de erosión de la confianza y ruptura de la comunicación entre las Partes, a los cuales en ciertos casos se suma la “fatiga de diálogo” si, considerando que el MICI es un último recurso, la Administración del BID ha buscado resolver las controversias, pero los esfuerzos han resultado infructuosos”.

La visión del MICI es congruente con nuestra propia experiencia con el mecanismo, al apoyar a una comunidad de pescadores artesanales de Tocopilla, en el norte de Chile, amenazada por un proyecto de la gran minería del cobre “condicionalmente aprobado” para una operación de financiamiento de BID-Invest.

Esperamos que la salida de Victoria Márquez-Mees del MICI no sea un impedimento para que los aprendizajes hecho durante su mandato puedan retroalimentar procesos de mejora de las políticas y procedimientos del mecanismo, como tampoco del propio Grupo BID, y que sean considerados en la puesta en marcha del IPAM del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, elevando los estándares de los organismos encargados de la rendición de cuentas y la resolución de controversias de los bancos de desarrollo a nivel global.

“El compromiso del Banco con la sociedad civil y las comunidades afectadas por los proyectos ha sido (y sigue siendo) preocupantemente débil en comparación con otros bancos multilaterales de desarrollo (BMD)”. Así lo sostiene Carolina Juaneda, coordinadora para Latinoamérica del Bank Information Center (BIC) en un análisis de las últimas consultas públicas realizadas por el Grupo BID en relación con la modernización de sus políticas de sostenibilidad.

Juaneda fue testigo privilegiada de los procesos de consulta del Grupo BID, al haber liderado grupos de trabajo de numerosas organizaciones de la sociedad civil de América Latina que presentaron observaciones a la nueva política de Sostenibilidad Ambiental y Social de BID-Invest (aprobada por el Banco el pasado 14 de abril de 2020) así como del nuevo Marco de Política Ambiental y Social del BID, aún en revisión.

El análisis se basa en el supuesto de que mientras más se involucre el Banco con sus partes interesadas externas, incluida la sociedad civil, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades locales directamente afectados por los proyectos de desarrollo, encontrará mejores soluciones para los complejos desafíos que enfrenta en muchos de ellos.

Se asume que el propósito de una consulta efectiva es conocer y considerar las preocupaciones e intereses de las partes interesadas. La expectativa es que el Banco trabaje con las partes interesadas para garantizar que las inquietudes y recomendaciones se vean reflejadas en las alternativas que se desarrollen, y que el Banco proporcione retroalimentación sobre cómo influyó el input recibido en su decisión.

Por otra parte, para que la sociedad civil pueda participar de manera efectiva en un proceso de consulta se requiere de múltiples oportunidades genuinas y diversas para dialogar e interactuar con el Grupo BID a medida que se revisan las políticas de BID Invest y BID.
“Nada de esto ha ocurrido en las últimas consultas públicas realizadas por el Grupo BID”, afirma la especialista, en un artículo en que fundamenta detalladamente por qué, en su opinión, las consultas del BID no fueron inclusivas, significativas, ni efectivas.

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Por: Maia Seeger P.

El propósito de este artículo es describir la experiencia concreta de una comunidad afectada por un megaproyecto propuesto para financiamiento del BID con el mecanismo de rendición de cuentas y reparación del Banco, conocido como MICI. La queja, pese a estar bien documentada, no fue admitida a consecuencia de información equívoca entregada por el propio banco y en base a criterios poco claros acerca del estatus de aprobación de la operación de financiamiento. Han pasado casi dos años desde que las comunidades hicieran llegar al banco los antecedentes que evidencian múltiples irregularidades e incumplimientos del proyecto con las políticas y salvaguardas ambientales y sociales de BID-Invest. El proyecto sigue en carrera y los pescadores artesanales de Tocopilla se encuentran en la más absoluta indefensión.

La Planta Desalinizadora Radomiro Tomic es un megaproyecto de mil millones de dólares, que impulsa la empresa estatal chilena CODELCO en la Región de Antofagasta, con objeto de producir aguas industriales para sus operaciones mineras en el distrito norte.  El proyecto postula a financiamiento de BID Invest y ha sido rotulado por el banco con elnúmero 12277-01.  

Sustentarse tomó conocimiento del proyecto en mayo de 2018, a través del Sistema de Alerta Temprana, una plataforma internacional administrada por organizaciones de la sociedad civil que permite monitorear proyectos de inversión financiados por 13 bancos multilaterales. Algunos antecedentes del proyecto llamaron nuestra atención.

El proyecto interviene una superficie total de 530 hectáreas, emplazadas en tres comunas de la Región de Antofagasta: Tocopilla, María Elena y Calama. La parte principal es la obra marítima, que se emplazará en el borde costero del océano Pacífico, 14 Km al sur de la ciudad de Tocopilla, y que incluye la planta desaladora propiamente tal.

Nos pareció curioso que un proyecto de mil millones de dólares -esos montos son poco frecuentes en Chile- , calificado por el propio Banco como de alto riesgo ambiental y social, haya obtenido su licencia ambiental a través de un procedimiento abreviado denominado Declaración de Impacto Ambiental o DIA. La lógica indicaba que se requería un Estudio de Impacto Ambiental o EIA. No entraremos en detalles sobre lo llamativo de esta modalidad de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); el hecho es que la autoridad había dictado una Resolución de Calificación Ambiental favorable al proyecto el 6 de marzo de 2018.

Revisamos el expediente electrónico de evaluación ambiental y constatamos la oposición de numerosas comunidades indígenas y de organizaciones de pescadores artesanales. Numerosos actores habían solicitado la apertura de un proceso de participación ciudadana (PAC), petición que fue denegada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Crónicas periodísticas de la zona daban cuenta de movilizaciones públicas de comunidades de Tocopilla en oposición al proyecto.

Advertimos, además, que una asociación integrada por ocho sindicados de pescadores artesanales y más de 250 pescadorxs, AsopescaTocopilla A.G., había presentado un recurso de reclamación, solicitando se dejara sin efecto el permiso ambiental, denunciando una serie de ilegalidades y vicios irremediables del procedimiento de evaluación. La reclamación había sido declarada no admisible por la autoridad.

Tocopilla, Zona de Sacrificio Ambiental

Nuestro análisis preliminar permitió establecer que el proyecto se emplazaría en una “Zona de Sacrificio” ambiental y que no sólo generará enormes impactos en el borde costero, sino además el desplazamiento económico y la violación de derechos humanos de comunidades de pescadores tradicionales y herederos de los pueblos changos, que desarrollan sus actividades en esas costas desde tiempos inmemoriales. Pese a todo lo anterior, el proyecto fue aprobado sin consulta ni participación ciudadana.

Una encuesta realizada en noviembre de 2018, para consultar las percepciones y experiencias de los socios de Asopesca Tocopilla en relación con el Proyecto arrojó resultados concluyentes: el 90% no recibió información acerca del Proyecto por parte de la empresa o la autoridad, el 77% señaló que no fueron consultados y el 70% sostuvo que CODELCO no ha mostrado interés en escuchar a las comunidades.

Nos preguntamos entonces, ¿Cómo puede un proyecto de esta envergadura y con estas contingencias socioambientales ser considerado por el BID -en este caso su brazo privado, BID-Invest- para una operación de financiamiento? ¿Cómo puede el BID mantener en su cartera de proyectos propuestos una iniciativa de alto riesgo ambiental y social que ni siquiera cumple con sus propias políticas?

Contactamos a la dirigencia de Asopesca Tocopilla A.G. y le ofrecimos apoyo para recurrir a los mecanismos previstos por el BID para mediar en este conflicto socioambiental. Recomendamos comunicarse con el Banco antes de la fecha de revisión y aprobación de la operación de financiamiento del proyecto por la Junta Directiva, prevista para agosto de 2018.

Infografía con resultado de encuesta a pescadoros artesanales de Tocopilla. Un 90% no recibió información; un 77% no fue consultado en relación con el proyecto Planta Desaladora RadomiroTomic.

Con apoyo de Sustentarse y nuestra aliada International Accountability Project, Asopesca Tocopilla A.G. escribió una carta dirigida a la Junta Directiva del Banco, haciendo presente su oposición al proyecto, entregando numerosos antecedentes para respaldar su posición, y solicitando rechazar el financiamiento del proyecto, en tanto no se subsanaran los incumplimientos con las políticas y salvaguardias ambientales y sociales del propio Banco. La misiva fue enviada por correo electrónico a cada uno de los integrantes del Directorio el 17 de agosto de 2018.

Los siguientes párrafos ilustran el tenor de la carta:

   “Consideramos que el Proyecto vulnera nuestros derechos y constituye una amenaza para nuestros asociados, nuestro mar, nuestro territorio, nuestras tradiciones y nuestra subsistencia. Hacemos presente que como Asociación no nos oponemos al desarrollo del país y, en particular, de una empresa que pertenece a todos los chilenos, como es la Corporación Chilena de Cobre o CODELCO, pero esperamos y exigimos que sus proyectos sean transparentes, sustentables y que respeten los derechos de todas las partes interesadas”.

 
Pescadoros artesanales asociados a Asopesca Tocopilla se reúnen en dependencias municipales para analizar una estrategia comunitaria para enfrentar el proyecto de Planta Desalinizadora Radomiro Tomic (0ctubre de 2018).

El Banco acusó recibo del correo de la asociación de pescadores artesanales, pero no hubo reacciones a la petición concreta. ¡Ninguna respuesta! Por otras fuentes nos enteramos de que la revisión del proyecto por la Junta Directiva había sido postergada. La misma fuente nos informó algunos meses después que el financiamiento del proyecto se había aprobado el 4 diciembre de 2018, pese a incumplir las políticas operativas y directrices institucionales del BID.

Los pescadores artesanales quedaron desconcertados. Habían puesto sus esperanzas en las políticas y los mecanismos del Banco.  Pero sí se generaron algunas reacciones.

La titular del proyecto, CODELCO -la mayor empresa pública de Chile y principal minera de cobre en el mundo- que no había mostrado interés en el diálogo con los pescadores, se acercó a Asopesca Tocopilla. Ofreció un aporte voluntario de inversión comunitaria, baja la norma corporativa NCC N°39, para contribuir al desarrollo de la comunidad.

Donaciones o fondos para proyectos productivos, a cambio de la renuncia total de los pescadores a ejercer acciones legales posteriores para defender derechos vulnerados y exigir indemnizaciones y compensaciones. Ese no era el diálogo que esperaban los pescadores y tampoco se respetada el Protocolo de Consulta  de la asociación. Los ánimos se crisparon. Las bases sindicales pidieron salir a las calles y tomar las carreteras.

En señal de protesta, Asopesca Tocopilla A.G. organizó una caravana hacia Calama, 136 km al interior de Tocopilla, corazón de las operaciones mineras del Distrito Norte de Codelco. Por primera vez en la historia se vieron botes pesqueros desfilando por las áridas calles de esa desértica ciudad chilena. (Ver aquí)

La vía del MICI

IAP y Sustentarse recomendaron entonces a Asopesca Tocopilla A.G. recurrir al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID para su intervención en el caso. ¿Qué es el MICI?, preguntaron los pescadores. ¿Para qué sirve? Esa sigla abstracta estaba lejos de su mundo, las costas tocopillanas que heredaron de sus antepasados, los changos, y de las prácticas ancestrales como recolectores de orilla y pescadores, como el buceo a “todo pulmón”.  

Ante la incertidumbre, la asamblea optó por recurrir a la vía del MICI y la suspensión de cualquier movilización social. Pero la política y los procedimientos del MICI son engorrosos. Se requiere cumplir con numerosos criterios técnicos, recopilar y aportar numerosos antecedentes: legales, organizacionales, testimoniales. Eso toma mucho tiempo y trabajo.

Con el apoyo de IAP y Sustentarse, Asopesca Tocopilla se contactó con el MICI para solicitar orientación sobre los pasos a seguir. El equipo del MICI fue solícito y animó a los pescadores artesanales a preparar la queja.

Entonces, por primera vez, representantes de la administración de BID Invest se contactaron con los reclamantes. Era mayo de 2019, casi un año después de la carta que la Asopesca Tocopilla A.G. había dirigido a la Junta Directiva del Banco. En síntesis, sugirieron esperar con la presentación de la queja, señalando que, si bien el financiamiento de la Planta Desaladora estaba aprobado, se debían cumplir algunas condiciones. Codelco había iniciado un proceso de licitación internacional para la construcción y operación de la Planta Desaladora (mediante un instrumento llamado contrato BOOT, acrónimo para el inglés “Built, Own, Operate & Transfer”. Recién una vez que Codelco adjudicara ese contrato –se presumía que en agosto de 2019- el consorcio adjudicatario eventualmente solicitaría el préstamo al Banco y éste se concedería una vez realizada una debida diligencia ambiental y social (DDAS). El equipo de proyecto aseguró que informaría de cualquier novedad en el estatus de la operación de financiamiento.

Pasaron los meses, sin más noticias. Hasta que, en diciembre de 2019, Asopesca Tocopilla A.G. se enteró por los medios de comunicación que Codelco había adjudicado la construcción y operación de la Planta desaladora a un consorcio de internacional. Dicha adjudicación y su posterior anulación dan para otra historia.

Ante el silencio total del Banco, Asopesca Tocopilla siguió adelante con la preparación de la queja, la que fue ingresada al MICI el 18 de enero de 2020 con el número MICI-CII-CH-2020-0153. La queja incluyó un testimonio audiovisual de dirigentes sindicales.

El sitio web del banco seguía informando como fecha estimada de aprobación del financiamiento para la Planta Desaladora el mes de noviembre de 2018, es decir, más de un año atrás, amén de otros antecedentes incorrectos y/o desactualizados (ver ilustración).

MICI disponía de cinco días para el análisis de elegibilidad de la queja. Durante ese lapso, el equipo de MICI sostuvo una reunión virtual con los dirigentes de Asopesca, en que los felicitó por la completa documentación aportada. Se habló de la próxima visita del equipo de MICI a Tocopilla, para iniciar el proceso de revisión de la queja. Sin embargo, el 24 de enero de 2020 los pescadores recibieron una comunicación desalentadora de parte del MICI en que se les notificaba que “su Solicitud referente al Proyecto “Planta Desalinizadora Radomiro Tomic” (12277-01) no puede ser registrada por el MICI dado que el Directorio Ejecutivo (…) aún no ha aprobado la operación”.

Sustentarse, en nombre de Asopesca Tocopilla, responde el 27 de enero de 2020 al MICI mediante una nota en que señale que, junto con haber tomado conocimiento de que el No Registro se fundamenta en la política de MICI de excluir las solicitudes relativas a operaciones que aún no han sido aprobadas por el Directorio Ejecutivo, hace presente la falta de transparencia del Banco respecto del procedimiento de aprobación de una operación y el estatus del Proyecto y el incumplimiento de su Política de Acceso a la Información.
 
Estatus del proyecto Planta Desalinizadora Radomiro Tomic publicado en la página web de BID Invest. La fecha de aprobación informada es el 27 de noviembre de 2018. Pantallazo tomado el 26 de enero de 2020, a las 19:53 horas.

Las disculpas del BID

MICI se comunica nuevamente con Asopesca Tocopilla el 10 de marzo de 2020, informando que BID Invest ha actualizado la información del proyecto en su sitio web y que ahora se reporta como “proyecto en espera”. Finaliza señalando que, “Entendemos la confusión que el procedimiento de ‘aprobación condicional’ pudo haber generado pues es un procedimiento atípico y buscaremos ser más claros en comunicaciones futuras”.

El 17 de marzo de 2020, MICI incluye en copia a Asopesca Tocopilla en un correo dirigido al equipo de proyecto de la administración de BID-Invest, en que señala lo siguiente:

“…el proceso MICI no puede activarse en este momento ante el estado que guarda la operación que se encuentra ‘en pausa’.Si bien por el momento está suspendida cualquier actuación del Grupo BID, en caso de que exista la participación de BID Invest y existan cambios en el estado del proyecto, sería la Administración quien deba informar sobre cualquier modificación y, en su caso, atender las preocupaciones que pudieran surgir, como se menciona en la Política MICI-CII. Asimismo, les informamos que en caso de que BID Invest decida financiar este Proyecto y si consideraban que preocupaciones no han sido atendidas podrían volver a presentar un reclamo con MICI”.

Entonces Asopesca Tocopilla contestó con un último correo electrónico. Reproducimos parte de este mensaje, como conclusión de la experiencia de la comunidad con el BID:

“Sigue pendiente un pronunciamiento del Banco en relación con nuestra petición de evaluar la posibilidad de un trabajo preventivo de mediación por parte del MICI que permita evitar una potencial escalada del conflicto socioambiental en este proyecto. Dado que el financiamiento de la operación no ha sido descartado por el Banco, y el proyecto volvió al estatus de “en espera”, es nuestra preocupación que -conforme lo contempla la política actual del MICI- el volver a recurrir a este mecanismo podría ser tarde. La comunidad pesquera artesanal es testigo de la realización de constantes actividades del titular del proyecto, Codelco, en el área previsto para el emplazamiento de la planta desaladora, de lo cual existen registros gráficos y audiovisuales, que genera ansiedad y molestia.

Con respecto al contacto con la Administración, tanto Asopesca Tocopilla A.G., como las organizaciones que la apoyan en este proceso, i.e. IAP y Sustentarse, tenemos fundadas aprehensiones respecto de la efectividad de dichas comunicaciones”.

En abril de 2020 el BID lanzó su más reciente publicación del Programa MICI Reflexiones denominada Fase de Consulta: Nueve años de experiencia en resolución de disputas 2010-2019, como parte de las celebraciones del 10° aniversario del mecanismo. El documento presenta una revisión del proceso de resolución de conflictos, los casos que se han gestionado y los resultados obtenidos.

Esperamos que la experiencia de los pescadores artesanales de Tocopilla pueda aportar nuevos antecedentes para mejorar las políticas, los procedimientos y criterios del banco, con objeto de facilitar el acceso de las comunidades afectadas a este mecanismo de resolución de controversias, y de otorgar al MICI mayores atribuciones para una intervención más temprana, evitando conflictos socioambientales que significan una carga para todas las partes.