Estas transiciones no se limitan a determinados cambios tecnológicos, como el reemplazo de una matriz energética basada en combustibles fósiles por una matriz de fuentes renovables. Por el contrario, requieren reconocer que los impactos ambientales y las capacidades de adaptación no se distribuyen de manera homogénea, sino que están condicionados por las características económicas, culturales, ambientales e históricas de cada territorio.

Por ello, las políticas de transición deben considerar las particularidades locales y evitar soluciones uniformes que puedan profundizar desigualdades existentes. La dimensión comunitaria resulta igualmente fundamental, ya que las comunidades poseen conocimientos, prácticas y capacidades colectivas relevantes para construir respuestas sostenibles y pertinentes a sus contextos. Una transición justa implica, entonces, fortalecer la participación efectiva de actores locales en la definición de prioridades, la gestión de recursos y la toma de decisiones, promoviendo mecanismos de gobernanza democrática y colaboración entre instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades y actores económicos.

Asimismo, debe garantizar derechos, generar oportunidades laborales dignas y distribuir equitativamente costos y beneficios. En este sentido, la transición ecosocial puede entenderse como una oportunidad para avanzar hacia territorios más resilientes, inclusivos, democráticos y ambientalmente sostenibles.

Buscamos fortalecer la capacidad de las comunidades para incidir en políticas, estrategias y planes que promuevan transiciones socioecológicas justas y contribuyan a una mayor resiliencia de los territorios.

Las comunidades y en particular los grupos más vulnerables, como los pobres y las mujeres, son los principales afectados por el clima cambiante. Los efectos se hacen sentir con mayor énfasis en los territorios y, en algunos casos, ya son irreversibles. La sequía y falta de acceso al agua; la desertificación y la degradación de suelos; la afectación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad; la desaparición de bosques; los impactos en actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y la pesca, y la consiguiente afectación de medios de subsistencia conllevan un aumento de la desigualdad y ponen en riesgo la salud y subsistencia de las comunidades.

Se suman fenómenos extremos en zonas costeras, como alza del nivel del mar y marejadas, y una mayor exposición a desastres naturales como inundaciones, deslizamientos de tierra.

En virtud de su conocimiento del territorio, las comunidades tienen una mayor capacidad para identificar su vulnerabilidad a los efectos del clima cambiante, así como las amenazas derivadas de actividades antropogénicas intrusivas y de alto impacto en el entorno.

De este modo, las comunidades están llamadas a jugar un papel protagónico en la identificación de amenazas y vulnerabilidades, y en la gestión de los riesgos que implica el cambio climático.