El respeto de los DDHH debería ser el criterio rector para el uso de los millonarios recursos que destinarán las instituciones financieras internacionales (IFI’s) a abordar la crisis económica y de salud relacionada con la Covid-19, señaló la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo en una Declaración Pública difundida el 18 de mayo pasado. La Coalición, integrada por 98 movimientos sociales, organizaciones de base y organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del mundo – entre ellas, Sustentarse- ha detectado que la pandemia está teniendo un fuerte impacto en comunidades vulnerables afectadas por proyectos de desarrollo, exacerbando los efectos de la desigualdad, la violencia, la militarización y la vigilancia ciudadana.

La Coalición ha realizado un seguimiento de compromisos de desembolso por USD 90.000 millones, que han asumido los principales bancos multilaterales de desarrollo en respuesta a la emergencia. Estima probable que, además, se asignen recursos adicionales a la recuperación económica. Sólo el Grupo del Banco Mundial ha anunciado que podría proporcionar recursos por USD 160.000 millones en los próximos 15 meses.

Sin embargo, a medida que ha comenzado el desembolso de estos fondos, han trascendido casos de gestión indebida y derroche.  

Los bancos de desarrollo, ahora más que nunca, deberían orientar y supervisar a sus clientes gubernamentales y del sector privado, para asegurar que los recursos aportados sean empleados apropiadamente. La Coalición hace un llamado a que las IFI’s se cercioren de que—durante la pandemia y con posterioridad— los fondos lleguen a las personas más vulnerables y que faciliten el acceso universal e igualitario a servicios esenciales como salud, vivienda, agua, saneamiento, educación y medios de vida sostenibles. Al mismo tiempo, pide evitar el financiamiento de proyectos nocivos para el medioambiente, que generen el desplazamiento de personas y que pongan en riesgo la seguridad alimentaria.

La Coalición también exhorta a las instituciones a fortalecer los mecanismos anticorrupción y asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la consulta significativa de las comunidades afectadas.